Presentan iniciativa que propone prisión por incrementar precios de artículos

CIUDAD DE MÉXICO._ El Diputado Federal, Jesús Fernando García Hernández, presentó la iniciativa que propone se determine prisión preventiva oficiosa para quienes incrementen injustificadamente los precios en artículos y servicios básicos y de consumo esencial, toda vez que la especulación es una práctica ilegal que afecta y lesiona seriamente a la economía de la población en su conjunto y en mayor medida la de aquellos sectores con menor poder adquisitivo.

Publicada en Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y turnada para análisis y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la iniciativa en comento propone una adición al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre los argumentos de la iniciativa, el legislador Sinaloense expone que en diversos puntos de la geografía nacional se documentan denuncias ciudadanas contra el incremento injustificado de precios en artículos y servicios de consumo básico y esencial, que de manera desmedida ocurre a partir de la emergencia sanitaria decretada con motivo de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Destaca que la especulación ocurre en productos de la canasta básica, en medicamentos, en artículos de higiene y cuidado personal y hasta en servicios de atención y protección a la salud, además de funerarios; lo cual representa un riesgo inflacionario y constituye además una afectación directa a la deteriorada economía de las familias, agravada por efecto de la emergencia sanitaria.

La evidente irresponsabilidad y ambición de aquellos productores, proveedores y comerciantes que; aprovechándose de la situación recurren al acopio de mercancías con el fin de incrementar los precios a la venta directa al público, ha llegado a niveles que no es posible tolerar y que por tanto obliga a implementar medidas de protección a la economía de los consumidores, de suerte que la escalada sea controlada, expone el Diputado.

Aclara que cuando se trate de la comisión del delito de fraude que constituye el incremento injustificado de precios en artículos y servicios básicos y de consumo esencial, el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la prisión preventiva, siempre que la Procuraduría Federal del Consumidor haya presentado la denuncia correspondiente, atendiendo la gravedad del ilícito y una vez que se hayan agotado otras medidas cautelares.