CULIACÁN._ De manera alevosa y con fines políticos, la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado manifiesta de manera preliminar, ante la opinión pública, su rechazo a las cuentas públicas del año 2018 a pesar de que por ley, todavía los entes auditados cuentan con un plazo para solventar estas observaciones y la ASE para que dar su dictamen final.
Así lo señaló la diputada Ana Cecilia Moreno Romero luego de denunciar, a nombre del grupo parlamentario del PRI, las irregularidades que con fines políticos ha realizado esta comisión, encabezada por el diputado morenista Marco Antonio Zazueta, no solamente éste año sino también el anterior, al grado que todavía no se aprueba ningún de las dos.
La legisladora afirmó que «Se están cometiendo los mismos errores jurídicos del año pasado, y ahora han incorporado otras irregularidades adicionales. Vamos como los cangrejos, caminando para atrás. En lugar de avanzar en nuestro trabajo legislativo, estamos retrocediendo enormemente».
“Quien sufre las consecuencias de esta enorme cerrazón, y de esta ignorancia o desconocimiento jurídico que expresan los dictamenes de las Cuentas Públicas 2018, somos todos los integrantes de esta LXIII Legislatura, porque ante la opinión pública aparecemos como intransigentes e ignorantes de la legalidad”, dijo.
En su intervención ante sesión pública virtual la diputada priísta aclaró que casi todos los entes que están considerados en estos informes individuales, ya solventaron una buena parte de las observaciones que se les hicieron.
Por ejemplo, mencionó que el Colegio de Bachilleres, el COBAES, ya solventó el 93.3% de sus observaciones y solo le falta que la ASE le dictamine lo restante. La CEAPAS, entregó toda la documentación para solventar sus observaciones, y actualmente la ASE está haciendo las corroboraciones correspondientes.
De igual manera, el Conalep ya tiene solventadas el 70% de las observaciones.
Los Servicios de Salud de Sinaloa tienen debidamente solventado el 89.1% de sus observaciones y lo restante ya está en trámite en la ASE. El ISIFE y la Universidad Autónoma de Occidente, ya entregaron toda la documentación para solventar, pero falta que la ASE emita su veredicto.
En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó que está en una situación similar, con la aclaración de que los recursos federales que recibe vía el Ramo 28, ya fueron auditados por la Auditoría Superior de la Federación, sin que haya recibido observación alguna, pero se está a la espera de la opinión que emita la ASE.
“Lo que ahora estamos discutiendo y dictaminando carece de sentido, porque es totalmente preeliminar. El proceso establecido en ley aún no está debidamente concluido, y el dictamen está elaborado con base en información que había hasta el pasado 20 de febrero, y no se han considerado las aclaraciones y solventación que ya llevaron a cabo los entes fiscalizados”, dijo.
De acuerdo al marco jurídico vigente, una vez que la ASE hace entrega de los Informes general y particulares al Congreso del Estado, se establece un plazo de 10 días hábiles para notificar a los entes auditados sobre las diversas observaciones.
Posteriormente, se otorga una plazo adicional de 30 días hábiles, para que los organismos hagan sus aclaraciones, rectificaciones y solventaciones. Después, la ASE tiene 120 días adicionales para analizar y validar la información recibida, y tiene de plazo hasta el 31 de octubre para presentar su informe final.
