CULIACÁN._ Por representar el desplazamiento forzado una violación a los derechos humanos, el grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado apoya la creación de una Ley para la prevención y atención de este fenómeno social, donde se reconozcan los derechos de estos grupos, y se especifiquen las responsabilidades de las autoridades y se impongan sanciones.
En su intervención la diputada Ana Cecilia Moreno Romero manifestó que la aprobación de una ley de esta naturaleza en las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Humanos y Justicia, representa un importante avance de Sinaloa en materia jurídica para garantizar el respeto a los derechos humanos de los sinaloenses.
“Sin duda es un tema que se tiene que atender con urgencia, ya que la situación es grave y está afectando a muchas familias. Por lo que atender el problema coloca a Sinaloa entre las entidades que realmente están avanzando en la construcción de un marco jurídico que preserva el pleno respeto a los derechos humanos. En el Grupo Parlamentario del PRI, nos sentimos satisfechos con el contenido de este Dictamen”, Manifestó
Entre las ventajas de contar con una disposición de esta naturaleza, la legisladora local destacó que el Dictamen de las Comisiones Unidas también propone reformas al Código Penal, para establecer como delito las conductas violentas en contra de personas o grupos sociales que tiene como objetivo el desplazamiento de personas de sus lugares de origen.
“De ser así, contaremos con la nueva Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Sinaloa, y tendremos también un Código Penal muy reforzado, para establecer sanciones hacia aquellos que, interesada e intencionalmente, atacan a personas o a grupos sociales, con el objetivo de desplazarlas del lugar donde viven”, indicó.
La nueva Ley, dijo, reconoce y precisa los derechos de las víctimas de este delito, y se establecen las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos, en materia de atención y protección de las personas desplazadas.
De igual manera, se especifican los derechos que tienen las personas desplazadas, así como las medidas de asistencia y de ayuda humanitaria con que deberán contar, sin que haya ningún tipo de discriminación.
También, agregó, las autoridades deberán tomar las medidas necesarias, para facilitar el retorno voluntario de los desplazados internos a su lugar de origen, cuando ya existan condiciones de seguridad para hacerlo.
La Ley también incluye la creación del Registro Estatal de Personas Desplazadas, con la finalidad de poder dar asistencia y realizar acciones preventivas, de atención, acceso a la justicia y para la reparación integral de sus derechos.
“Y todo esto será aplicable a todo tipo de personas o familias que hayan sido desplazados en el Estado de Sinaloa, debido a conflictos armados o catástrofes naturales”, manifestó.
