CULIACÁN._ Elaborar una ley que atienda a los desplazados “es para Sinaloa de extraordinaria trascendencia al representar la posibilidad real de responder con una legislación que atienda una de las peores consecuencias de la violencia que se ha padecido en el estado de Sinaloa”, expresó la diputada Graciela Domínguez Nava.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, conjuntamente con la presidenta de la Mesa Directiva, Gloria Himelda Félix Niebla, puso en marcha las mesas de trabajo que por tres días discutirán el proceso legislativo de iniciativas sobre desplazamiento interno.
Con la presencia de Teresa Pimentel Vázquez, Subdirectora de Planeación y Evaluación de Políticas y Mauro Santos Caballero, director de Movilidad Humana, ambos de la Secretaría de Gobernación, la presidenta de la JUCOPO resaltó que la 63 Legislatura ha destinado presupuesto para atender este problema.
“Para brindar atención elemental a las personas desplazadas, esta legislatura etiquetó 30 millones de pesos durante 2019 y que para el presente ejercicio fiscal se etiquetaron 40 millones de pesos, de manera específica para asuntos relacionadas con vivienda”, precisó.
Sin embargo, aseguró que si se cuenta con una legislación propia, para lo cual ya se trabaja, y tal como lo recomiendan los organismos locales, nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, se puede responder en mayor medida a enfrentar esta problemática.
Domínguez Nava resaltó la importancia de legislar al respecto, pues organismos locales e internacionales, como la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa y el Consejo Noruego para Refugiados tiene a Sinaloa entre los siete estados con mayor desplazamiento forzado.
“De hecho, el penúltimo Informe Mundial Sobre Desplazamiento Interno 2017, producido por el Observatorio del Desplazamiento Interno, del mismo Consejo, ubicó a México en el lugar número 19 con 311 mil víctimas de desplazamiento interno forzado, por encima de Libia al que da el lugar número 20 con 304 mil víctimas y de Palestina, con el lugar número 26 y 193 mil víctimas”, dijo.
A pesar de ello, observo, el problema se ha minimizado localmente.
Citó que en 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos contabilizaba como desplazadas a mil 47 personas reconocidas por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del estado.
Sin embargo, la organización Refugiados Internacional, en su informe “Las Víctimas Invisibles de México”, asegura que desde 2012 la no gubernamental CDDHS, le refirió la presencia de 25 mil personas desplazadas por la violencia, que desde el 2011 fueron obligadas a salir de la zona que habitaban en la Sierra Madre Occidental.
Incluso citó al diario británico The Guardian, que en abril de 2015 reportó el desplazamiento de miles de personas, y que las víctimas acusaban al Gobierno de ser sordo y ciego a su problemática.
Agregó que los medios de comunicación locales reportaron en 2017 la expulsión de 300 familias de las comunidades de la Petaca y Chirimoyos, El Coco, Coatantal, Potrerillos, Santa Catarina, Santa Lucía, El Carrizal, La Capilla del Taxte, Los Cerritos, Los Naranjos, Palmillas, Cuauhtémoc, La Guayanera y de Pánuco en el municipio de Concordia.
En mayo de 2018, agregó, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, documentó cinco episodios de desplazamiento en Sinaloa afectando a 931 personas en los municipios de Escuinapa, Rosario, Concordia, San Ignacio y Badiraguato.
Añadió que en agosto del año pasado, se reportó que la delincuencia entre los límites de Choix con Sinaloa municipio, y con Morelos, Chihuahua, desplazó a 15 familias de Choix.
“El 25 de junio del año pasado el gobierno del estado insistió en que sólo existen mil 47 personas desplazadas, pero desde mayo de 2016, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, incluso identificó a las comunidades expulsoras de personas desplazadas por la violencia en 10 de los 18 municipios sinaloenses”.
En los últimos años, indicó, los medios han documentado casos específicos de desplazamiento en los municipios serranos de Concordia, Choix, Mocorito, San Ignacio, Sinaloa, El Fuerte y Badiraguato, y en las partes altas de Mazatlán y Culiacán.
Para atender esta problemática, expuso que en el Congreso del Estado ya se cuenta con cuatro iniciativas.
Dos, precisó, proponen la creación de leyes que auxilien y protejan y prevengan y atiendan a las personas desplazadas por la violencia; una, para incorporar el desplazamiento forzado al Código Penal, y una más para crear el observatorio ciudadano en materia de desplazamiento en la legislación de seguridad pública.
