CULIACÁN._ La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa aprobada el 20 de septiembre de 2018, está siendo aplicada de una manera muy limitada en la entidad y los ayuntamientos están desaprovechando la oportunidad de convertir el problema de la basura en una alternativa que les permitiría generar la energía eléctrica suficiente para satisfacer la demanda que implica el alumbrado público de las principales ciudades.
Luis Armando Becerra Pérez, especialista en biotecnología y sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) consideró que a los ayuntamientos de Sinaloa les ha faltado visión para aprovechar el 70 por ciento de la basura como ya se está haciendo en ciudades como Monterrey, a través de una asociación público-privada.
“En Monterrey hay un modelo que ya está funcionando, también hay un proyecto que está iniciando operaciones en Ciudad Juárez y existen experiencias exitosas en otros países”, aseguró.
Becerra Pérez destacó que los ayuntamientos ya son poseedores del insumo llamado basura que llega a los rellenos sanitarios desde donde se estaría generando la energía eléctrica que luego sería conectada a la red de la Comisión Federal de Electricidad para que los municipios paguen menos por el servicio de alumbrado público.
Refirió que el manejo integral de la basura debe ser un tema central de las administraciones tanto municipales como estatales porque no solamente recae en un gobierno, sino que existe normatividad federal, estatal y municipal que debe aplicarse.
El profesor investigador de la FACES planteó que la basura que se genera en las ciudades de la entidad tiene un alto valor económico y que de ella solamente se están aprovechando pequeñas fracciones de cobre, aluminio, plástico, cartón y vidrio, que son recolectados por los pepenadores en los rellenos sanitarios.
“Para nadie es un secreto que la basura urbana está por doquier, que los residuos bio infectocontagiosos no se están manejando adecuadamente y que esto es un dolor de cabeza para varios alcaldes que están optando por pagar a empresas particulares como la medida más fácil deshacerse del problema”, advirtió Becerra Pérez.
La Ley de Residuos del Estado de Sinaloa contiene las bases jurídicas para que la recolección, disposición y tratamiento final de la basura, tanto urbana como bio infectocontagiosa se lleve a cabo de una manera integral.
El investigador aprovechó para recordar que la UAS a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales tiene tiempo trabajando en un proyecto de manejo integral de la basura en el cual caben los ayuntamientos, las cooperativas de pepenadores que ya funcionan en los rellenos sanitarios, los inversionistas interesados y obviamente esta Casa de Estudios.
Becerra Pérez puntualizó que legalmente es posible que en las tres principales ciudades se instalen plantas de generación de energía eléctrica a partir de los residuos que bien pudieron contribuir a resolver la demanda que implica el servicio de alumbrado público.
