Culiacán._ La aplicación de la justicia no se consulta a la ciudadanía sino que se aplica con base a un marco normativo existente, que se ha depurado con el paso de los años, manifestó la Diputada Local del PRI Gloria Himelda Félix Niebla, al referirse a la consulta popular para decidir el enjuiciamiento de los expresidentes de la República.
La legisladora priísta consideró un derroche de recursos el invertir aproximadamente 8 mil millones de pesos para realizar una consulta que no tiene razón de ser, porque el tema que se somete a consideración ya está previsto en las leyes mexicanas, tanto su tipificación como el proceso para aplicar la justicia en caso de demostrar culpabilidad.
“La justicia no es para someter a consulta, se aplica, y no es que la ciudadanía quiera o no que se aplique. Está en nuestro marco jurídico, está prevista en la Constitución y en las leyes secundarias, que trasgeneracionalmente se han ido perfeccionando”, dijo, “Y podemos decir mucho de los gobiernos pasados: y si hubo corrupción, y si se cometieron delitos, y si se tienen elementos para ello, entonces para qué consultar a la sociedad. La sociedad debe de acatar las Leyes”.
La diputada Gloria Himelda Félix considero que resulta inútil para fines prácticos una consulta de esta naturaleza, porque nada de lo que resulte de ella se va a aplicar en el proceso para sancionar a los Ex presidentes, ya que todo está previsto en las leyes, cuya aplicación corresponden únicamente a la Fiscalía General.
“Lo que la sociedad manifieste en esa consulta, ni la Fiscalía, ni las instancies judiciales va a actuar; nadie debe pensar que esa consulta es la diferencia: sí les va a servir, y sí les va a servir a los que no están de acuerdo con los gobiernos anteriores”, dijo.
La legisladora local alertó sobre la reacción de la ciudadanía ante una consulta que solamente busca jugar con las motivaciones y sentimientos de la gente, y aprovecharla con ánimos políticos, sobre todo en vísperas del proceso electoral del próximo año.
Aclaró que la corrupción no es privativa de las anteriores administraciones federales, sino también de la actual, por lo que es necesario también investigar los casos que se han registrado durante estos dos años del actual gobierno federal.
Por último, consideró que un gasto como el que se prevee para realizar esta consulta, de alrededor de 8 mil millones de pesos, es un desperdicio en momentos en que hay tantos otros compromisos que se tienen que subsanar, sobre todo en salud.
